Publicado el 26 de octubre de 2026.
Puede caber. La Ley de Elecciones de Brasil prohíbe despedir a funcionarios públicos sin justa causa en los tres meses previos a la elección y hasta la toma de posesión de los electos, y buena parte de los tribunales extiende esa protección a quien trabaja con contrato temporal. En las elecciones de 2026, ese período empezó el 4 de julio.
Quien trabajaba como vigilante penitenciario temporal en el estado de Goiás y tuvo el contrato terminado después de esa fecha puede cuestionar la desvinculación en la Justicia, incluso mediante un mandado de segurança (acción de amparo). Dos cuidados, sin embargo, deben quedar claros desde el inicio: la tesis todavía divide a los tribunales, y el plazo para el mandado de segurança es corto, de 120 días contados desde que se conoció la desvinculación.
Lo que la ley electoral prohíbe en el período de elección
El artículo 73, inciso V, de la Ley 9.504/1997 enumera las conductas prohibidas a los agentes públicos durante la elección. Entre ellas está despedir a un funcionario sin justa causa, o exonerarlo de oficio, en la circunscripción de la elección, en los tres meses anteriores a la votación y hasta la toma de posesión de los electos. La propia ley dice que el acto practicado en ese período es nulo de pleno derecho.
La regla existe para evitar que el empleo público se convierta en moneda de cambio en la campaña, con contrataciones para agradar a los votantes o desvinculaciones como forma de presión. Por eso la protección tiene carácter objetivo: no es necesario probar que la desvinculación tuvo intención electoral.
La ley prevé excepciones. Los cargos de confianza pueden ser exonerados en cualquier momento, y los agentes penitenciarios pueden ser trasladados de oficio. Ninguna excepción autoriza despedir sin justa causa a quien no ocupa un cargo de confianza.
En 2026 hubo elección para gobernador, diputados estatales, diputados federales, senadores y presidente, con primera vuelta el 4 de octubre. Como la elección estatal abarca todo el territorio de Goiás, la prohibición alcanza los actos del Gobierno del Estado. El período empezó el 4 de julio de 2026. Los gobernadores electos asumen el 6 de enero de 2027, fecha nueva creada por la Enmienda Constitucional 111/2021.
¿La protección vale para el contrato temporal?
En la Justicia Electoral, sí. El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil registra en su jurisprudencia que la desvinculación de funcionarios temporales después de la elección y antes de la toma de posesión de los electos configura la conducta prohibida por el artículo 73, V. El TSE también afirmó que la excepción para contratar en servicios esenciales no autoriza despedir a temporales sin justa causa.
En la Justicia común, donde el funcionario pide la anulación de la desvinculación, hay muchos fallos favorables. Diversos tribunales estatales anulan la rescisión sin motivo de un contrato temporal hecha en el período electoral y entienden que la naturaleza precaria del vínculo no aparta la regla. Existe un precedente específico de un agente penitenciario temporal despedido sin justa causa en ese período, en el que la rescisión fue anulada y, como el contrato ya había vencido, se garantizó la indemnización de los salarios hasta la toma de posesión de los electos.
El tema, sin embargo, no está pacificado. El Tribunal de Justicia de Minas Gerais juzgó un incidente de resolución de demandas repetitivas, el IRDR 1.0000.15.065552-0/003, y fijó por mayoría, en 2021, la tesis de que la prohibición solo se aplica a funcionarios de carrera. Otras salas en el país siguen la misma línea y ven el contrato temporal como un vínculo que la administración puede terminar en cualquier momento.
Hasta la fecha de este artículo, no encontramos tema repetitivo del Superior Tribunal de Justicia ni repercusión general del Supremo que resuelva la cuestión. En la práctica, el resultado depende del tribunal y de la sala que juzgue el caso, y de las pruebas de cada situación.
Lo que el Estado puede alegar como justa causa
La ley no protege contra la desvinculación con justa causa, y es en ese punto donde suele estar la disputa. La falta grave comprobada en un proceso administrativo es el ejemplo más claro. Muchos tribunales también aceptan como justa causa la toma de posesión de aprobados en concurso para las mismas funciones, porque la necesidad que justificó el contrato temporal deja de existir.
Ese argumento pesa en el caso de los vigilantes penitenciarios de Goiás. El Gobierno del Estado convocó a 400 aprobados en el concurso de policía penal, con toma de posesión fijada para el 7 de agosto de 2026 y ejercicio desde el 10 de agosto, fechas que caen dentro del período electoral. Según la Policía Penal, el concurso prevé 1.600 nombramientos, y 800 policías ya asumieron.
Otro punto que el Estado puede plantear es la ADI 7069. En ella, el Supremo declaró inconstitucional la contratación temporal de vigilantes penitenciarios para funciones propias de la policía penal en Goiás. El propio STF, sin embargo, aplazó los efectos de la decisión por dos años contados desde la publicación del acta, ocurrida el 30 de septiembre de 2026, para que el Estado regularice su plantilla. Así, la decisión no obliga al Estado a terminar los contratos ahora, y hay buenos argumentos para sostener que ella, por sí sola, no justifica desvinculaciones hechas en el período electoral.
Por eso, cada caso exige mirar el acto de desvinculación: si fue motivado, qué motivo constó, si hubo un reemplazo real por un aprobado en concurso en la misma unidad y si el contrato todavía estaba vigente.
Cómo funciona el mandado de segurança en este caso
El mandado de segurança es una acción más rápida, usada contra un acto ilegal de una autoridad pública cuando el derecho puede probarse solo con documentos. Aquí, el acto atacado es la desvinculación, y la prueba principal es el propio acto, con la fecha en que se practicó.
El plazo es el punto más urgente. El artículo 23 de la Ley 12.016/2009 fija 120 días, contados desde que se conoció el acto, y ese plazo no se suspende ni se interrumpe. Quien fue desvinculado a principios de julio de 2026 está muy cerca del fin de ese plazo.
En el pedido, el funcionario busca la anulación de la desvinculación y el regreso al servicio hasta el fin del período de protección o hasta el término del contrato, según el caso. Es posible pedir una medida cautelar para el regreso inmediato y, si el juez la niega, recurrir al Tribunal de Justicia mediante un agravo de instrumento.
El mandado de segurança tiene un límite que debe conocerse. Según las Súmulas 269 y 271 del STF, no sustituye una acción de cobro y no genera pago de valores de un período anterior a su presentación. Si el contrato ya venció, o si pasó el plazo de 120 días, el camino suele ser una acción común para cobrar los salarios del período protegido.
Qué reunir antes de buscar un abogado
- Contrato temporal y términos de prórroga, con las fechas de inicio y fin
- Acto de desvinculación (resolución, término de rescisión o comunicación), con la fecha en que usted lo conoció
- Motivo informado por la administración, si lo hubo
- Recibos de sueldo de los últimos meses
- Cualquier registro de que la vacante fue ocupada por un aprobado en concurso, o de que no lo fue
Con esos papeles en mano, el análisis del caso es más rápido, lo que importa ante el plazo de 120 días. Cada desvinculación debe examinarse individualmente, porque la fecha, el motivo y la situación del contrato cambian la estrategia y las posibilidades. Si usted fue desvinculado en ese período, busque cuanto antes a un abogado de su confianza. SPD Advocacia atiende a funcionarios públicos en línea: envíe su caso por la página de atención o hable con el equipo por WhatsApp (61) 99833-1103.
Fuentes oficiales
- Ley 9.504/1997 (Ley de Elecciones), art. 73, V (Planalto, en portugués)
- Ley 12.016/2009 (Ley del Mandado de Segurança), art. 23 (Planalto, en portugués)
- TSE, Temas Seleccionados: funcionario público y conductas prohibidas (en portugués)
- TSE, Temas Seleccionados: nombramiento o contratación en el período prohibido (en portugués)
- TSE, Temas Seleccionados: plazo del mandado de segurança (en portugués)
- TJMG, IRDR 1.0000.15.065552-0/003 (texto completo, en portugués)
- STF, noticia del juicio de la ADI 7069 (en portugués)
- Gobierno de Goiás, convocatoria de 400 aprobados para policía penal (en portugués)
- TRE-PR, nuevas fechas de toma de posesión por la Enmienda Constitucional 111/2021 (en portugués)
Por Sidnei Pedro Dias, abogado, OAB/GO 48.603, OAB/DF 68.207 y OAB/SP 501.693.
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