¿El poder público causó el perjuicio? El Estado responde por los daños

¿Cuándo deben indemnizar el municipio o el Estado?

La Constitución brasileña determina que el poder público y las empresas privadas que prestan servicio público responden por los daños que sus agentes causen a terceros. En esos casos, la víctima no necesita probar la culpa del servidor, pero debe mostrar el daño y la relación con la actuación del poder público. En casos de omisión, como falta de mantenimiento de vías, es común discutir si el servicio falló. El plazo para reclamar contra la Hacienda Pública es de 5 años.

Lo que dice la ley

Cuándo cabe indemnización

Fuente: Constitución Federal de Brasil, art. 37, § 6º; Decreto 20.910/1932, art. 1º.

¿Cuál es su caso?

Situaciones en las que actúa el despacho

Paso a paso

Cómo actúa el despacho

1. Análisis del caso. Revisamos qué pasó, quién responde por el daño y el plazo para reclamar.
2. Pruebas. Orientamos sobre informes, fotos, denuncia policial, recibos y testigos.
3. Acuerdo o acción. Notificación para un acuerdo y, si no hay solución, acción de indemnización.
4. Seguimiento. Pericia, audiencias y cobro del valor fijado.

Guía práctica

Del día del daño al cobro: qué cambia cuando el demandado es el poder público

Demandar a un municipio, a un Estado o a la Unión sigue reglas propias, distintas de una acción contra un particular. Algunas aparecen al comienzo, como la elección de quién debe responder. Otras solo surgen al final, al momento de cobrar. Conocer ese recorrido evita sorpresas y ayuda a guardar las pruebas correctas desde temprano.

Qué hacer en los primeros días

• Registre el lugar antes de que cambie. Los baches se tapan y los árboles se retiran en pocos días. Fotografíe el punto exacto, con carteles, números de casas o referencias que permitan ubicarlo, y tome una foto de lejos y otra de cerca.
• Identifique quién cuida de ese lugar. Una calle urbana suele ser del municipio. Una ruta puede ser estatal, federal o estar concesionada a una empresa privada. El cartel de kilometraje y el sitio del organismo ayudan a descubrirlo. Equivocarse de demandado atrasa el proceso.
• Anote quién lo vio. Nombre y teléfono de testigos valen mucho, porque la memoria de quien presenció se pierde rápido.
• Guarde todos los gastos. Grúa, reparación, consultas, medicamentos y días sin trabajar deben tener factura o comprobante.

Pedido administrativo y el plazo de cinco años

Antes de la acción, es posible presentar un pedido de indemnización al propio organismo. Ese pedido tiene un efecto poco conocido: mientras la administración lo analiza, el plazo de prescripción queda suspendido, desde la fecha en que el pedido entra en el protocolo (Decreto 20.910/1932, art. 4º y párrafo único). Por eso, guarde el comprobante con la fecha de entrada.

Otra regla del mismo decreto merece atención: cuando la prescripción se interrumpe, vuelve a correr por la mitad del plazo, y solo puede interrumpirse una vez (arts. 8º y 9º). Quien deja el caso parado por años después de un primer acto puede descubrir que tiene mucho menos tiempo del que imaginaba. Para las empresas privadas que prestan servicio público, como concesionarias de energía, agua y rutas, la ley también fija en cinco años el plazo para pedir indemnización (Ley 9.494/1997, art. 1º-C).

Contra quién se propone la acción

Es común que la víctima quiera demandar directamente al conductor del vehículo oficial o al servidor que se equivocó. El Supremo Tribunal Federal (STF) fijó, en el Tema 940 de repercusión general (RE 1.027.633), que la acción debe proponerse contra el Estado o contra la empresa privada prestadora del servicio público, y que el agente que practicó el acto es parte ilegítima. Después de condenado, el poder público puede cobrar al servidor lo que pagó, si actuó con dolo o culpa.

Juzgado especial, RPV y precatorio

Causas de hasta 60 salarios mínimos contra Estados, el Distrito Federal y municipios pueden tramitar en el Juzgado Especial de la Hacienda Pública (Ley 12.153/2009, art. 2º). Contra la Unión, el límite del Juzgado Especial Federal también es de 60 salarios mínimos (Ley 10.259/2001, art. 3º).

La forma de cobrar depende del valor de la condena. Los montos menores se pagan por requisición de pequeño valor (RPV), en hasta 60 días después de la requisición del juez. Los valores por encima del límite entran en la fila de los precatorios. En la esfera federal, el límite de la RPV es de 60 salarios mínimos (Ley 10.259/2001, art. 17, § 1º). Estados y municipios pueden fijar su propio límite por ley. Mientras no lo hagan, valen 40 salarios mínimos para Estados y el Distrito Federal y 30 para municipios (Ley 12.153/2009, art. 13, § 3º). Quien tiene un crédito un poco por encima del tope puede renunciar al excedente para recibir por RPV (art. 13, § 5º). La decisión depende del valor involucrado y del tiempo de espera de los precatorios en ese ente.

Un ejemplo hipotético

Un motociclista cae en un bache sin señalización en una avenida municipal y se fractura la muñeca. El mismo día, un amigo fotografía el lugar y anota el contacto de dos personas que pararon para ayudar. Tres días después, el bache se tapa. El motociclista guarda las facturas de la reparación de la moto, los recibos de la fisioterapia y el certificado de licencia. Presenta un pedido de indemnización en el municipio y, sin respuesta, propone la acción contra el municipio en el Juzgado de la Hacienda Pública, con las fotos tomadas antes de la reparación como principal prueba del estado de la vía.

Dudas comunes

Preguntas frecuentes